

En Colombia, miles de profesionales se levantan cada día con la esperanza de aportar su conocimiento y esfuerzo al servicio público. Sin embargo, detrás de esa vocación, muchos enfrentan una realidad injusta: la contratación a través de Órdenes por Prestación de Servicios (OPS). Lo más grave es que el principal responsable de esta práctica no es el sector privado, sino el propio gobierno, el mismo que debería ser ejemplo en materia laboral.
Hoy, ministerios, gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados recurren masivamente a las OPS para vincular profesionales en todas las áreas, desde ingenieros hasta psicólogos. Se trata de una figura que, aunque legal, se ha convertido en el instrumento más común para evadir derechos laborales fundamentales: vacaciones, estabilidad, prestaciones y seguridad social digna.
Tan solo el año pasado, las contrataciones por OPS del gobierno nacional sumaron cerca de 8 billones de pesos, pasando de 48 mil a 64 mil personas vinculadas bajo esta modalidad. Es decir, cada vez más colombianos trabajan para el Estado sin las garantías mínimas que la ley exige a cualquier empleador. ¿Cómo puede el gobierno exigir a las empresas privadas que cumplan las normas laborales si él mismo no lo hace?

Este modelo no solo afecta a quienes prestan sus servicios, sino también a la calidad del trabajo público. Cuando un profesional vive con la incertidumbre de si renovarán su contrato el próximo mes, se reduce su estabilidad emocional, su compromiso y su capacidad de proyección. En un país con una crisis creciente de salud mental, el trato que reciben los psicólogos y otros especialistas del sector es inaceptable. No se puede construir bienestar sobre la precarización.
Es momento de cambiar este sistema. El gobierno debe ser el primero en cumplir las leyes que promueve y en garantizar condiciones laborales justas a sus trabajadores. Colombia necesita avanzar hacia un modelo de contratación que privilegie el mérito, los resultados y el conocimiento, por encima de las roscas, los favores y las conveniencias políticas.
La dignidad laboral empieza por casa. Si queremos transformar la política, debemos empezar por cambiar la forma en que el Estado se relaciona con su gente. En Colombia, necesitamos cambiar la política cambiando a los políticos.
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