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En Colombia, la abundancia y complejidad del sistema normativo dificulta la vida de todos. No se trata de una única ley, sino de áreas específicas del derecho y la forma en que se implementan. Así muchas leyes en Colombia, lejos de proteger al más débil o favorecer el complimiento de derechos, terminan por generar justo lo contrario: proteger al más fuerte.

Desde el Congreso de la República, debemos trabajar por facilitar la vida de personas y empresas en el país. Algunos representantes y parte de la opinión, consideran equivocadamente que la mejor forma de mostrar gestión por parte de los legisladores es proponer nuevas leyes. En mi caso, considero que parte de esa gestión debe ser eliminar, simplificar y actualizar muchas de ellas.

Permítanme enunciar algunos ejemplos:

• Estatuto Tributario: El sistema impositivo colombiano es conocido por su alta complejidad, lo que genera dificultades tanto para las empresas como para los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a menudo requiriendo costosa asesoría especializada.
• Código Sustantivo del Trabajo: Aunque regula las relaciones laborales, sus disposiciones a menudo dificultan la generación de trabajo por la rigidez que pueden generar en el mercado laboral o por la complejidad en la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, y otros derechos, complicando la formalización. Seis de cada diez colombianos trabajan en la informalidad.
• Exceso de Normatividad y «Populismo Normativo»: Colombia es un país con una altísima producción legislativa. Más de 2.000 leyes desde la promulgación de la Constitución de 1991. Esta abundancia de leyes, decretos y regulaciones, muchas veces sin una clara eficacia instrumental o implementación práctica, lleva a un sistema legal confuso y a menudo contradictorio que es difícil de seguir y hacer cumplir.
• Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016): Algunas disposiciones de este código, aunque bien intencionadas, afectan negativamente la vida cotidiana de las personas con multas o contravenciones que limitan las garantías ciudadanas en su libre desarrollo de la personalidad. A su vez casos que realmente sí la afectan la convivencia como el ruido, son despreciados o minimizados por las autoridades.
• Leyes Ineficaces o Obsoletas: Existen numerosas leyes que, aunque formalmente vigentes, no se cumplen o han quedado obsoletas con el tiempo, lo que contribuye a una percepción de falta de legalidad y seriedad en el sistema jurídico. Durante el gobierno de Iván Duque se realizó una depuración de eliminó cerca de 10.000 leyes, pero se quedó corta. Necesitamos simplificar y eliminar aún más leyes.

El mundo avanza más rápido que la legislación, y la legislación colombiana no solo se ha rezagado frente a los avances tecnológicos que requiere la sociedad del siglo XXI, sino que además suele intervenir para entorpecer, y no para estimular, el desarrollo económico.

Muestra de ello son las recientes iniciativas, apoyadas por poderosos gremios, que desde el Congreso, buscan prohibir o reglamentar en exceso el uso de plataformas tecnológicas como Uber o Airbnb, las cuales no solo generan millones de empleos en el mundo, sino que también constituyen una solución eficiente a los problemas de movilidad y alojamiento desde la iniciativa privada.

Para algunos políticos lo único que importa es el beneficio de los gremios que financian sus campañas o de los sindicatos que patrocinan sus movilizaciones y no el interés de una población conformada por empresas, familias y consumidores. En Colombia necesitamos cambiar la idea de que los problemas se resuelven con más leyes. En Colombia necesitamos ideas frescas para cambiar la vieja política. Necesitamos cambiar la política cambiando a los políticos.