Autor: carlosnaranjo

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Nos sobran leyes y nos falta cumplimiento

En Colombia, la abundancia y complejidad del sistema normativo dificulta la vida de todos. No se trata de una única ley, sino de áreas específicas del derecho y la forma en que se implementan. Así muchas leyes en Colombia, lejos de proteger al más débil o favorecer el complimiento de derechos, terminan por generar justo lo contrario: proteger al más fuerte.

Desde el Congreso de la República, debemos trabajar por facilitar la vida de personas y empresas en el país. Algunos representantes y parte de la opinión, consideran equivocadamente que la mejor forma de mostrar gestión por parte de los legisladores es proponer nuevas leyes. En mi caso, considero que parte de esa gestión debe ser eliminar, simplificar y actualizar muchas de ellas.

Permítanme enunciar algunos ejemplos:

  • Estatuto Tributario: El sistema impositivo colombiano es conocido por su alta complejidad, lo que genera dificultades tanto para las empresas como para los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a menudo requiriendo costosa asesoría especializada.
  • Código Sustantivo del Trabajo: Aunque regula las relaciones laborales, sus disposiciones a menudo dificultan la generación de trabajo por la rigidez que pueden generar en el mercado laboral o por la complejidad en la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, y otros derechos, complicando la formalización. Seis de cada diez colombianos trabajan en la informalidad.
  • Exceso de Normatividad y «Populismo Normativo»: Colombia es un país con una altísima producción legislativa. Más de 2.000 leyes desde la promulgación de la Constitución de 1991. Esta abundancia de leyes, decretos y regulaciones, muchas veces sin una clara eficacia instrumental o implementación práctica, lleva a un sistema legal confuso y a menudo contradictorio que es difícil de seguir y hacer cumplir.
  • Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016): Algunas disposiciones de este código, aunque bien intencionadas, afectan negativamente la vida cotidiana de las personas con multas o contravenciones que limitan las garantías ciudadanas en su libre desarrollo de la personalidad. A su vez casos que realmente sí la afectan la convivencia como el ruido, son despreciados o minimizados por las autoridades.
  • Leyes Ineficaces o Obsoletas: Existen numerosas leyes que, aunque formalmente vigentes, no se cumplen o han quedado obsoletas con el tiempo, lo que contribuye a una percepción de falta de legalidad y seriedad en el sistema jurídico. Durante el gobierno de Iván Duque se realizó una depuración de eliminó cerca de 10.000 leyes, pero se quedó corta. Necesitamos simplificar y eliminar aún más leyes.

El mundo avanza más rápido que la legislación, y la legislación colombiana no solo se ha rezagado frente a los avances tecnológicos que requiere la sociedad del siglo XXI, sino que además suele intervenir para entorpecer, y no para estimular, el desarrollo económico.

Muestra de ello son las recientes iniciativas, apoyadas por poderosos gremios, que desde el Congreso, buscan prohibir o reglamentar en exceso el uso de plataformas tecnológicas como Uber o Airbnb, las cuales no solo generan millones de empleos en el mundo, sino que también constituyen una solución eficiente a los problemas de movilidad y alojamiento desde la iniciativa privada.

Para algunos políticos lo único que importa es el beneficio de los gremios que financian sus campañas o de los sindicatos que patrocinan sus movilizaciones y no el interés de una población conformada por empresas, familias y consumidores. En Colombia necesitamos cambiar la idea de que los problemas se resuelven con más leyes. En Colombia necesitamos ideas frescas para cambiar la vieja política. Necesitamos cambiar la política cambiando a los políticos.

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Hipopótamos, política y responsabilidad: pensar el país con ideas nuevas

En los últimos días ha vuelto al centro del debate público una frase tan contundente como preocupante: “hay que matar a los hipopótamos”. Así, sin matices, algunos sectores presentan esta opción como la única salida “técnica” a un problema complejo. Quienes proponemos alternativas somos rápidamente etiquetados como ingenuos, emocionales o ignorantes en temas de ecología.

Yo creo que esa mirada es incompleta y peligrosa. La discusión sobre los hipopótamos en Colombia no puede reducirse únicamente a cálculos de utilidad ecológica. También debe incluir un principio básico: el respeto por otras formas de vida conscientes y la responsabilidad humana frente a un problema que no fue creado por los animales, sino por decisiones humanas del pasado.

Hace más de veinte años, cuando la población de hipopótamos rondaba apenas los diez individuos, muchas voces advirtieron que era urgente implementar programas de esterilización y control ético. Nadie escuchó. No hubo voluntad política, ni recursos, ni interés. Hoy, cuando ya se habla de cerca de 200 animales, aparece la solución más fácil y más brutal: eliminarlos.

Se argumenta que los hipopótamos causan eutrofización del agua, compactación del suelo y un riesgo potencial para las comunidades humanas. Estos impactos deben analizarse con seriedad, por supuesto. Pero resulta llamativo que, en ese mismo análisis, se minimicen o se silencien las verdaderas cifras del daño ambiental en la cuenca del Magdalena, que provienen principalmente de la ganadería extensiva y de ciertos modelos agrícolas intensivos.

La diferencia es evidente: esos sectores tienen gremios poderosos y representación política que los defiende. Los hipopótamos no.

Este no es solo un debate ambiental. Es un espejo de la vieja política colombiana: reaccionaria, tardía y selectiva a la hora de asumir responsabilidades. Una política que deja crecer los problemas por años y luego propone salidas rápidas que evitan incomodar a los intereses de siempre.

Colombia necesita ideas frescas para enfrentar sus desafíos, incluso los más complejos. Necesita una política capaz de anticiparse, de escuchar a tiempo, de buscar soluciones éticas y científicas sin caer en la comodidad de lo fácil. Y, sobre todo, necesita cambiar la política cambiando a los políticos. Ese es el verdadero fondo de esta discusión. No se trata solo de hipopótamos. Se trata del país que queremos ser.

Desde el Congreso velare por alternativas como la esterilización y la traslocación. También por destinar recursos a tiempo para contener este tipo de problemáticas antes de que se presenten y sobre todo, para que el medio ambiente deje de ser medio y lo tengamos completo.

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Sin mercado no hay Estado

En América Latina persiste una idea profundamente arraigada: que el mercado es el enemigo y que el Estado debe erigirse como su antagonista natural. Esta visión, heredada de décadas de discursos maniqueístas de la guerra fría —donde todo se resuelve con Estado o con Mercado—, ha llevado a políticas que debilitan la capacidad de generar riqueza y, paradójicamente, limitan la acción del propio Estado. Sin embargo, una verdad fundamental suele ignorarse en este debate: sin mercado no hay Estado posible.

El mercado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Es el mecanismo mediante el cual millones de personas, a través del intercambio voluntario, la innovación y el emprendimiento, generan valor, empleo y riqueza. Esa riqueza es la que posteriormente permite al Estado recaudar impuestos y cumplir con sus funciones esenciales: garantizar derechos, proveer bienes públicos, reducir desigualdades y combatir la pobreza. Pretender fortalecer al Estado asfixiando al mercado es una contradicción que termina perjudicando a quienes más se busca proteger.

La historia económica es clara al respecto. Los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenida no lo han hecho mediante la supresión del mercado, sino mediante su aprovechamiento inteligente. Donde hay reglas claras, competencia, seguridad jurídica y apertura a la innovación, florecen la productividad y el crecimiento económico. Allí, el Estado encuentra los recursos necesarios para invertir en educación, salud, infraestructura y protección social.

En contraste, cuando el Estado intenta reemplazar al mercado o intervenirlo de forma excesiva, los resultados suelen ser ineficiencia, informalidad y estancamiento. La centralización de decisiones económicas no solo limita la creatividad y la iniciativa individual, sino que también concentra poder y reduce los incentivos para producir y emprender. El resultado es un círculo vicioso: menos crecimiento, menos recaudo y un Estado cada vez más débil para atender las necesidades sociales.

Esto no significa abogar por un mercado sin reglas ni por un Estado ausente. Por el contrario, el rol del Estado es fundamental: debe establecer marcos regulatorios modernos, promover la competencia, corregir fallas del mercado y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la sociedad. Pero para cumplir ese rol, necesita una economía dinámica que lo sustente. Un Estado fuerte requiere, primero, un mercado fuerte.

El verdadero enemigo no es el mercado, sino la pobreza. Combatirla exige abandonar prejuicios ideológicos y apostar por soluciones pragmáticas que fomenten la generación de riqueza y su adecuada redistribución. En países como Colombia, el desafío no está en elegir entre Estado o mercado, sino en entender que ambos se necesitan mutuamente para desarrollar un país. Solo reconociendo esta relación podremos construir sociedades más prósperas, justas y sostenibles.